Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación: problemas y retos

La coyuntura del país es preocupante. Las acciones de viejos y nuevos grupos armados hacen evidente la dificultad que tiene el Gobierno para mantener el orden público y se habla mucho de cómo se han fortalecido las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC. En este contexto surge la pregunta por uno de los puntos acordados entre el Gobierno y esa guerrilla, a saber, la implementación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Estos son instrumentos que garantizarían el cese al fuego bilateral y la dejación de armas, pero dada la generalizada situación de inseguridad en las zonas más afectadas por el conflicto, podría dudarse de si están o no cumpliendo su propósito.

Atendiendo al contenido del Acuerdo se crearon las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), pensadas como una herramienta para garantizar la estabilidad del cese al fuego y la dejación de armas[1], como lo expresa el punto 3.1.4.1 del documento firmado. Desde un principio se contempló que estos espacios tendrían un carácter temporal y transitorio, además de ser el producto de un proceso de concertación entre el Gobierno Nacional y las FARC.

Este mismo propósito fue incorporado en los múltiples decretos mediante los cuales el Preside nte de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el legislativo[2], creó las 20 ZVTN y los 7 Puntos Transitorios de Normalización (PTN). Además de garantizar el cese al fuego, estos instrumentos fueron pensados para sentar las bases del proceso de reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las FARC, lo que implica la necesidad de articulación interinstitucional. Particular énfasis se hace en la coordinación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, encargada de la administración de estos territorios, con las otras instituciones encargadas de la implementación del Acuerdo. Adicionalmente, se debe tener en cuenta el carácter temporal de las ZVTN lo que implica, como fue previsto en un primer momento, una duración de 180 días prorrogables. Asimismo, es preciso anotar que entre los puntos acordados para la creación de estos territorios se concedió a los excombatientes de las FARC la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura dictadas en su contra, durante su permanencia en las ZVTN y durante el tránsito y desplazamiento hacia las mismas[3].  

Con miras a lograr la efectiva de reincorporación de los excombatientes fue prorrogado el término de vigencia de las ZVTN en dos ocasiones, de modo que la fecha de terminación quedó establecida para el 15 de agosto de 2017[4]. Pero con el Decreto que estableció dicha fecha de terminación se agregó que las ZVTN, al vencimiento del término, se transformarían en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)[5]. La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), definió la hoja de ruta para la conversión de las ZVTN e indicó que los ETCR debían cumplir con la capacitación de los integrantes de las FARC con miras a lograr su reincorporación, preparar proyectos productivos y resolver las necesidades de formación técnica de las comunidades vecinas. De esta misma manera quedó incorporado en el Artículo 2 del Decreto 2026 de diciembre de 2017[6]. Igualmente, esta norma indica que le corresponde a la Agencia Para la Reincorporación y la Normalización (ARN) la administración de los bienes muebles e inmuebles indispensables para el funcionamiento de estos espacios. Finalmente, este Decreto fijó la vigencia de los ETCR por un término de dos años a partir del 15 de agosto de 2017[7].

En la Orinoquia existen 10 ETCR[8], pues en 2016 fueron creadas nueve ZVTN y 1 PTN, que, como se indicó anteriormente, se transformaron desde agosto 15 de 2017. Y como ha sucedido con la implementación de varios de los puntos del Acuerdo Final, los ETCR no han sido ajenos a una serie de obstáculos que han creado diversos problemas. De manera precisa, se ha generado polémica en torno a la adaptación de los ETCR para garantizar condiciones de vida digna a los excombatientes de las FARC. En sus primeros meses estos territorios no contaban con la infraestructura necesaria para proveer servicios básicos como agua potable y energía, evento que produjo molestia entre las FARC. A partir de esto se generaron diversos cuestionamientos al proceso de toma de decisiones y a la contratación de la infraestructura de dichos espacios[9].

La Defensoría del Pueblo indicó que para finales del 2017 existían avances en la construcción de las unidades habitacionales, pero persistían problemas en la adecuación para la reincorporación. Señalaba principalmente la inadecuación de las aulas destinadas a la formación en educación básica, la escasez de mobiliario y material educativo, además de servicios de luz y agua intermitentes[10]. Para el periodo en el que se realizó el informe, se llamó la atención sobre la situación crítica de infraestructura de los ETCR de la vereda Madrigal, municipio de Policarpa (Nariño) y de la vereda La Guajira, municipio de Mesetas (Meta). En estos dos lugares la adecuación de las unidades habitacionales era para el momento insuficiente y esto obligaba a las personas a dormir en carpas. Tampoco contaban con espacios propicios para realizar actividades de reincorporación. Otro de los problemas identificados por la Defensoría tiene que ver con la generalizada situación de inseguridad de los excombatientes y de las comunidades aledañas, pues en 24 de los 26 ETCR se identificó la presencia de grupos armados[11]. Finalmente, es importante mencionar el llamado de atención por la necesidad de que se dé una articulación interinstitucional que permita atender las causas estructurales del conflicto[12], particularmente entre los Programas de Desarrollo con enfoque Territorial y el Plan Nacional Integral de Sustitución.

Los problemas de salud también han estado en el centro del debate sobre el estado de implementación de los ETCR, situación que se refleja en la denuncia hecha por Carlos Antonio Lozada[13]. En esta manifestaba su inconformidad por la pérdida del bebé de una mujer debido a la falta de atención médica, situación que se presentó en el departamento del Meta. Si bien días después se determinó que dicho embarazo era de alto riesgo, la desatención a la emergencia dejó en evidencia los problemas de implementación de este punto del Acuerdo Final[14]. Es de anotar que en el Decreto 2016 de 2017, el Gobierno se comprometió, a través del Ministerio de Salud y Protección Social y del Fondo de Programas    en los ETCR[15].

Sobre la situación de salud, a pesar de las dificultades, se debe anotar la existencia de algunos avances. La Misión de Verificación de la ONU indicó que 10.363 excombatientes están afiliados al sistema subsidiado de salud y para diciembre de 2017, 3.235 excombatientes habían recibido servicios médicos[16]. Asimismo, Nueva EPS, encargada de prestar los servicios de salud a las personas ubicadas en los ETCR, indica que han llegado 3.256 excombatientes a las 77 clínicas, haciendo uso de 21.766 servicios que en su gran mayoría son por afecciones leves[17].



Adicionalmente, la página del Alto Comisionado para la Paz[18] señala que todos los ETRC de la región Orinoquia tienen un avance en su infraestructura del 100%, aún si existe cierta diferencia entre los mismos en lo referente a los servicios con los que cuentan[19]. No obstante, se debe tener en cuenta que, a pesar de los datos del Alto Comisionado para la Paz en lo referente a infraestructura, persisten problemas en el acceso a agua y saneamiento básico, existen todavía problemas con el acceso a la electricidad y se han verificado interrupciones en la entrega de alimentos[20]. Se agrega que, para abril de 2018, el 96.7% (11.507) de los excombatientes tenían una cuenta bancaria, el 99% (11.729) había recibido subsidios de reincorporación por una sola vez y el 87% tiene acceso a pagas mensuales. Sin embargo, siguen siendo necesarios avances significativos en “[…] el acceso a la tierra; la elaboración, financiación y ejecución de proyectos productivos viables, vinculados al desarrollo local; y la creación de cooperativas para que esas iniciativas se lleven a la práctica”[21]. Si bien existen cerca de 100 iniciativas productivas lideradas por exmiembros de las FARC, la implementación del Acuerdo en este punto ha sido ineficaz[22]. Algunos excombatientes manifestaron su interés en la estructuración de proyectos, pero para recibir el dinero debían presentarlo primero a Ecomún (es la cooperativa de las FARC que aprueba y gestiona proyectos) para que luego el Consejo Nacional de Reincorporación integrado por las FARC y el Gobierno[23]. Pero parece que hay problemas en el proceso, pues para el mes de febrero solo se había aprobado un proyecto productivo en el ETCR de Miravalle, Caquetá[24]. Existe también un problema de acceso a la tierra que puede ser el causante de la lentitud en el proceso, lo que ha causado una pérdida estímulo en los excombatientes[25].

Una de las posibles consecuencias de los problemas antes mencionados es que, para noviembre de 2017, alrededor del 55% de las personas que se encontraban en los ETCR habían migrado a otros lugares, en parte por la desilusión que produjo el proceso de reincorporación a la vida civil, tal como lo señaló Jean Arnault, jefe de la misión de la ONU en Colombia[26]. Se ha señalado que los excombatientes se han reasentado en zonas rurales, como es el caso de La Uribe (Meta), en donde grupos de excombatientes desarrollan proyectos colectivos y la ARN ha enviado 106 facilitadores para brindar apoyo[27]. Estos generan nuevos retos, pues las medidas contempladas para ser aplicadas en los ETCR deberían extenderse a estos lugares con el fin de garantizar la reincorporación de los antiguos miembros de las FARC[28]. El destino de quienes salen de los ETCR es en algunos casos incierto, pero en otros, como sucede en la Macarena, se indica que los excombatientes se están incorporando a nuevas estructuras criminales.

La ARN no ha reconocido de manera directa su responsabilidad e indica que la responsabilidad de las demoras le corresponde a los excombatientes, pues son ellos quienes formulan los proyectos. No obstante, se reconoce que se debe afianzar el vínculo con quienes deben tener la iniciativa para evitar que se queden los proyectos en la mera formulación[29]. Adicionalmente, la ARN ha sostenido que no existe obligación de quedarse en estos espacios, de modo que, si los excombatientes deciden salir, están en plena facultad de hacerlo, pues no es necesario que permanezcan para continuar vinculados al proceso[30]. No sobra incluir uno de los grandes logros del proceso de reincorporación y es la capacitación a la que accedieron 350 personas para convertirse en técnicos agropecuarios[31]. El jueves 8 de marzo se celebró la graduación, evento que, en medio de tantos obstáculos, ejemplifica la posibilidad de tener logros concretos que permitan materializar la reincorporación de los antiguos miembros de las FARC.

En conclusión, los datos antes expuestos permiten entender que el gran reto de los ETCR está en lograr igualdad de condiciones, en garantizar el acceso a servicios de salud a todas las personas que se encuentren en estos espacios y, lo que puede ser más importante, apoyar de manera efectiva el desarrollo de proyectos productivos que permitan a los excombatientes tener acceso al mínimo vital. No llegar a avances significativos en estas áreas supone la persistencia de las causas estructurales que han guiado el conflicto armado interno. Además, se reitera la necesidad de una efectiva coordinación interinstitucional, que se considera clave para avanzar hacia la consolidación de una paz sólida y perdurable.

 
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